LOS DERECHOS LGBT EN MÉXICO
En México, las reconstrucciones históricas sobre los movimientos de la diversidad sexual han identificado cuatro etapas fundamentales en su formación y consolidación.
Primero, la emergencia de un movimiento homosexual con reivindicaciones políticas en los años setenta, con un claro vínculo entre los grupos gay con campañas de democratización (Diez, 2011; Grinnell, 2016). La segunda fase en los años ochenta, con la aparición y expansión del VIH-Sida; en esta etapa las personas homosexuales, especialmente varones, enfrentaron nuevos retos y debilidades internas al ser vistos como “grupos de riesgo” o como los “responsables de la epidemia”, exigiendo garantías de salud pública y contra la estigmatización (Diez, 2011, p. 702).
Como tercera etapa, en los años noventa se visibilizó un campo más amplio y diversificado de grupos: lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales. Los actores colectivos continuaron las demandas en torno a la atención digna de la salud y aparecieron exigencias por una ciudadanía sexual, que incluyera la diversidad sexual y la normalización de la realidad lésbica y homosexual con todas sus variantes (Salinas, 2017, p.97).
Finalmente, desde inicios del siglo XXI se dio una etapa de coordinación donde surgieron numerosas asociaciones nacionales, así como múltiples organizaciones no gubernamentales (ONG), que articularon las demandas LGBT.
Desde el año 2005 aparecieron redes articuladas en los diferentes estados como la Alianza Ciudadana Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexuales (LGBTI), el Congreso Nacional de Mexicanos y Mexicanas LGBT, Frente Nacional Pro Derechos Humanos de la Diversidad Sexual, y el Movimiento por la Igualdad de México, entro otros.
Destacan tres estrategias de acción que llevan a cabo los actores colectivos:
a) asistencia médica y psicológica de la población LGBT que padece VIH, b) educación sobre la diversidad sexual, salud sexual, relaciones de género, entre otras, c) impulso de políticas públicas y litigio estratégico en defensa de la población discriminada.
Ante el aumento de la movilización y demanda por el reconocimiento de derechos de las minorías sexuales en México, se pasó de la despenalización hacia políticas cada vez más incluyentes y garantistas. Precisamente los principales avances en el reconocimiento de derechos han estado concentrados en Ciudad de México, pionera en la institucionalización de la unión civil de parejas del mismo sexo en 2007 y el matrimonio igualitario en 2009 ( de la Dehesa, 2015; Diez, 2011).
